El proceso penal está conformado por instancias sucesivas entre las cuales el juicio oral es sólo una de las últimas. El producto administrativo es la sentencia que fundamenta la decisión judicial a través de la argumentación jurídica. Este es el resultado de una construcción progresiva de sistemas argumentativos que se desprenden de las sucesivas instancias del proceso.
Inicialmente, los argumentos probatorios de una imputación jurídica son construidos por “generalizaciones de sentido común”. Un juez de garantías decidirá, según sus “máximas de experiencia” y su “sana crítica racional”, si éstos argumentos se fundan “sobre la base de razones suficientes” para permitir que el caso legal progrese. En instancias posteriores, previas al juicio oral, se propondrá nueva argumentación, incorporando piezas de inferencia pasibles de interpretación como doctrina y precedentes jurisprudenciales.
Consecuentemente, la vinculación normativa queda sujeta a diferentes intervenciones subjetivas llamadas interpretación legal. Por ello, fundar una sentencia sobre precedentes jurisprudenciales acarreará las decisiones personalistas que fundan la sentencia previa.
Esta dinámica difiere de la construcción clásica de argumentos formales como la conocemos en la IA, dado que el soporte de premisas no ocurre por coincidencia literal, sino por efecto de inferencias externas a la base normativa. Por ello, diferentes sistemas argumentativos podrán devenir de una misma base normativa según la interpretación legal que sea referida.
Presentaremos diferentes ámbitos de aplicación de las teorías de Argumentación y Belief Revision como fundamentos teóricos para implementar sistemas recomendadores capaces de asistir sobre la práctica de la argumentación jurídica en los procesos penales y constitucionales.
Expositor: Dr. Martin Moguillansky
